Tarata y Cantuta a veinte años del horror

Hace 20 años, un 16 de julio como hoy, la calle Tarata en Miraflores se convirtió en el escenario perfecto para que el movimiento terrorista Sendero Luminoso cometiese uno de sus más brutales y sangrientos atentados. La explosión de dos coches bomba hacía estallar en mil pedazos los vidrios de los edificios ubicados en este lugar. Fueron 25 personas las que murieron asesinadas por la barbarie senderista, 155 heridos y 183 viviendas dañadas completaron el saldo del horror que las huestes de Abimael Guzmán desataron en aquella oportunidad.

Sendero Luminoso había concentrado sus acciones armadas y atentados terroristas en el interior del país. La sierra central había sido la región sobre la cual Sendero operaba con mayor violencia. Explosiones, torres de alta tensión derribadas, asesinatos selectivos, juicios populares, y aniquilamientos colectivos eran las prácticas con las que Abimael Guzmán imaginó alcanzar el poder. La población más afectada fue siempre la más pobre y humilde del país, mientras que las zonas embanderadas con la hoz y el martillo y las paredes con lemas y vivas al Presidente Gonzalo fueron  aquellas a las cuales el Estado y sus instituciones jamás habían llegado.

Tarata cambió el panorama, para muchos Tarata representaba el inicio de una nueva etapa en la guerra contra la subversión. Para Sendero había llegado la hora de tomar la ciudad por asalto y cumplir con el lema maoísta bajo el cual la lucha popular debe ir siempre del campo a la ciudad. La consigna era clara, la capital sería presa del temor, el miedo petrificaría a los limeños y Lima conocería el verdadero poder de Guzmán y compañía. En un instante el país cambió, el terrorismo dejaba de ser un problema ajeno para los limeños, Sendero tocaba la puerta de la gran ciudad y lo hacía con el fusil y el ANFO en sus manos.

Sendero demostró que su violencia no tenía límites, que no importaba si sus atentados le arrebataban la vida a población civil inocente. Para Abimael, ese animal que convirtió al socialismo de Mariátegui en un pretexto para la muerte, y al marxismo en la envoltura del odio y la dinamita, los muertos inocentes no eran otra cosa que los “costos de la guerra”. El país y la sociedad en general, condenaron el atentado. Se organizaron marchas y movilizaciones por la paz en toda la capital. Sendero había herido el corazón mismo de ese Perú formal que se negaba a mirar hacia adentro. El terrorismo no era más el problema de cholos, indios o marginados, ahora el terror explosionaba en las narices de la población urbana. Las clases medias y acomodadas recién tomaban nota de la violencia que atravesaba el país en el cual vivían.

Pero si el horror de Sendero en Tarata sorprendió a todo el país y escandalizó a la comunidad internacional a nivel mundial, lo que vino después como respuesta del Estado fue una serie de operativos en donde la barbarie se institucionalizaba y el terrorismo de Estado se convertía en sinónimo de orden y lucha contra el terror. La conmoción fue tan grande, y el pavor que la sangre derramada generaba fue tan brutal, que al final de la película, la sociedad y varios medios de comunicación terminaron por justificar la violación de derechos humanos bajo la idea de que todo “presunto terrorista” merecía morir y que para ello las fuerzas militares y policiales debían apretar el gatillo sin piedad. La presunción de inocencia no importaba y los juicios a estos criminales no eran sino una pérdida de tiempo.

Fue en ese escenario, que en la madrugada del 18 de julio de 1992, dos días después del espanto en Tarata, integrantes del grupo Colina, con el conocimiento de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, ingresaron a la Universidad Enrique Guzmán y Valle –La Cantuta– y secuestraron a nueve estudiantes y un profesor de dicho centro de estudios.

El mensaje era claro, el Estado utilizaría el mismo terror fratricida como respuesta a la violencia de Sendero en Tarata. Los estudiantes secuestrados fueron conducidos con los ojos vendados a un terreno desolado a la altura del kilómetro 1,5 de la autopista Ramiro Prialé, allí fueron torturados y ejecutados por estos asesinos vestidos de uniforme militar. Si el dolor de las víctimas de Tarata era conmovedor, no menos estremecedor fue conocer las circunstancias y la manera cómo estos jóvenes universitarios fueron ultimados por agentes del Estado a los cuales posteriormente el Gobierno de Alberto Fujimori felicitó y apañó a pesar de las numerosas denuncias y pruebas incriminatorias existentes.

Hoy en día se sabe que luego de ser asesinados a mansalva los cadáveres de estos estudiantes y del profesor fueron enterrados en zanjas que ellos mismos fueron obligados a cavar, para luego ser llevados a otro lugar en Lima, la quebrada de Chavilca en Cieneguilla, donde fueron finalmente incinerados para no dejar huella alguna de este brutal crimen. Las personas ultimadas ese 18 de julio de 1992 fueron: Hugo Muñoz (el profesor), Armando Amaro, Enrique Ortiz, Pablo Meza, Bertila Lozano, Dora Oyague, Robert Teodoro, Felipe Flores, Marcelino Rosales y Juan Mariños.

Han transcurrido 20 años desde entonces y los fantasmas de Sendero Luminoso, así como las heridas abiertas por los crímenes del Estado no han logrado cicatrizar. A pesar de los esfuerzos hechos por los gobiernos que se han sucedido luego de la caída de la dictadura fujimorista, con la conformación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (el más importante de todos ellos), la sociedad peruana no ha podido hacer un adecuado balance de los hechos. Los peruanos no hemos sido capaces de reconstruir nuestra memoria histórica para hacer frente a los nuevos peligros que el presente inmediato nos presenta.

No puede resultar extraño entonces que la prédica violentista y pro terrorista de grupos como el Movadef siga generando adhesiones entre los peruanos, y en especial, siendo lo más preocupante, entre los más jóvenes. Escuchar a estudiantes universitarios defender y justificar la violencia homicida del cobarde Abimael Guzmán, resulta tan indignante como ser testigos de la manera cómo algunos medios de comunicación y sectores políticos siguen pretendiendo justificar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos policiales y militares durante los años de la violencia política en nuestro país.

Recordar estos hechos, no es como algunos maliciosamente señalan el esfuerzo de algunos grupos por traer de vuelta el pasado, para reabrir la brecha que durante tanto tiempo ha separado a todos los peruanos y seguir lucrando con el dolor de las víctimas. Recordar los años de la violencia y el horror vividos debe ser algo que como sociedad debemos hacer con el objetivo de identificar las causas y razones estructurales que hicieron posible que en nuestro país se desate esta locura que tiñó de rojo sangre a la familia peruana.

La violencia de Sendero Luminoso debe ser condenada con total contundencia, no podemos ser ambiguos en esa tarea, debemos explicarles a los jóvenes del país que Abimael Guzmán no es otra cosa que un asesino, una bestia criminal y un homicida que le arrebató la vida a miles de peruanos desde un cómodo escondite. Pero del mismo modo, debemos ser igualmente categóricos para condenar uno a uno todos los crímenes de Estado que se cometieron con el pretexto de pacificar nuestro país y derrotar a la subversión.

Rafael Rodríguez Campos