Adriana Grados:

Iba a escribir una estupidez sobre una banalidad cualquiera pero me ha dado vergüenza concentrarme en algo tan fatuo.

En verdad hay muchas cosas que me indignan hoy en las noticias, pero analizando profundamente lo global de esto y acercándose el día de la madre solo se me ocurre pensar en las madres que están aprendiendo a vivir el día a día (festividades y cumpleaños incluidos) sin sus hijos.

La prensa santifica su dolor como si fueran las nuevas Santas Rosas de Lima. El gobierno abandonó a sus hijos y nosotros abandonamos su causa. No son madres coraje al dar la vida de un hijo para que esta sea tomada como la de un objeto o un animal cualquiera, ellas no entregaron a sus hijos, se los quitaron.

Tampoco son santas al llevar en silencio su dolor y vivir con él. Son seres humanos como tú y yo que se equivocan, que lloran, que ríen al añorar las travesuras de sus hijos. Ponerlas en un altar no las hará sentirse mejor, porque las madres son personas más sensibles que el resto de nosotros y menos “yo” para ser “nosotros”. Eso le debe pensar todo el que quiera y tenga hijos.

No es justo que las usen de rating, ni tampoco de “qué penita y chau me voy a trabajar, ¿de qué tenía penita?”. El mejor regalo para alguien que ha perdido más que todo es la justicia, y no la justicia de la ley y el estado, sino la justicia de Dios que está con todos y cada uno de nosotros, de que en esta gran pérdida se gane algo.

La memoria de nuestra gente no debe ser tan frágil y debemos luchar porque no haya otra muerte bajo las ruedas de la combi, otro olvidado por el gobierno y acribillado por “Gabriel” y sus secuaces, otra muerta porque los terroristas están mejor equipados y capacitados que el ejército, otro niño muerto de hambre o envenenado por mal alimento, otro niño suicida porque lo molestan en el colegio, otro hijo muerto o discapacitado por un robo o un fuego cruzado.

Esos padres del día a día y los que pierden a sus hijos diario sin ver justicia, esos son los padres de la patria y no ese grupete de vacas cagonas y apestosas que nos legislan. Honremos a los padres, nuestros y ajenos, elevemos las causas de nuestros hermanos muertos para que sus muertes no sean en vano.

Señor Mario Vargas Llosa,

Muchas personas alrededor del mundo y especialmente en el Perú nos hemos enterado de sus declaraciones engañosas sobre las corridas de toros y nos hemos dado cuenta que usa mucha retórica y su imagen pública para defender esta cruel práctica y a sus seguidores.

Ya hemos conocido su calidad humana cuando renegó del país que amamos luego de perder en elecciones presidenciales, también cuando arremetió contra las comunidades indígenas llamándolas retrógradas por defender sus derechos, y hasta sus colegas periodistas se han visto defraudados por usted cuando apañó los asesinatos de Uchuraccay.

En los últimos meses lo hemos visto defender una industria del entretenimiento que se basa en el asesinato y tortura de seres indefensos, que tal vez no pueden hablar o escribir como usted, pero que tienen una nobleza natural, sentimientos y que sienten dolor, algo que parece usted ignora.

Así como el Rey Juan Carlos ha sido declarado persona no grata en un pueblo catalán, el mismo rey que le otorgó a usted el título nobiliario de Marqués de Vargas Llosa, el día de hoy hemos decidido declararlo persona no grata en nuestro país.

Somos personas sencillas que sin necesidad de un premio nobel podemos darnos cuenta del atentado a la vida que representan las corridas de toros y sabemos que el Perú vale mucho más que una persona con muchos premios y poco corazón.

Fernando Moreno & Daniella Granda

Grupo Caridad – Asociación Protetora de Animales

A veces uno tiene tendencia a buscar personas de su mismo sexo para sentirse mas cómodos frente a ciertas situaciones.

Es así como forme mi lista rosa de profesionales ; una dentista, una doctora en medicina general, una oculista, una ginecóloga, una sicóloga (nunca esta de mas) una kineterapeuta, una profesora de manejo , etc.

Pero no siempre se puede escoger y fue así como un buen día me dijeron: « La ginecóloga esta de vacaciones, la atenderá su reemplazante » , pensé ; bueno, es solo un control y entre en consulta.

Al improviso entro un doctor ; « Un ginecólogo, un ginecólogo ! » gritaba mi espíritu y me volví a repetir « Es solo un control ».

La manos me sudaban terriblemente, sentí que la temperatura me subía. El doctor me pidió de manera tan natural bajarme los pantalones para revisarme. En ese momento me pare y sentí como mis manos se quedaron quietas como cemento sobre la bragueta de mi pantalón, « No puedo, no puedo ! » gritaba otra vez mi espíritu.

Y casi como un ruego mis labios pronunciaron « No hay una doctora ? ». El ginecólogo me miro y secamente dijo : « Yo soy ginecólogo » a lo que respondí que lo lamentaba mucho pero que prefería hacer otra cita con una doctora. Fue entonces que el ginecólogo se puso rojo como el fuego y con tono áspero agregó : « Es solo un control, podria tener algo » y con un filo de voz pero convencida de lo que hacia dije : « si tengo algo hoy, lo tendré también mañana » y salí del consultorio.

En la recepción me acerque a la secretaria y le pedí una nueva cita y le dije bien claro : « Que sea con una ginecóloga por favor »

Nada. Ese es justamente el problema de la izquierda peruana. Con ella no ha pasado nada, salvo muy escasas y extrañas excepciones. La izquierda en el Perú sufre de parálisis, quedó anclada en el tiempo, en la prédica revolucionaria y en su marcado autoritarismo. La izquierda peruana sigue sin poder construir y articular un discurso moderno, capaz de generar entusiasmo en los más jóvenes y tranquilidad en aquellos que creen que un gobierno de izquierda asegura únicamente fracaso y miseria económica.

No soy de derechas, no tendría motivo para ocultarlo, pero dejo sentada esta advertencia en caso mis amigos del Sutep, Patria Roja, u otros cavernícolas corran apuraditos y busquen etiquetarme con ese San Benito de bruto y achorado. Incluso, llevado a elegir entre la zurda o la diestra, diría que mi opción política está junto a mi corazón, ustedes me entienden. Pero me animo a escribir estas líneas porque me rehúso a pensar que a la izquierda en el Perú la represente Gregorio Santos o Marco Arana. Como también me rehúso a creer que el actual presidente del Perú, Ollanta Humala haya sido alguna vez de izquierda.

Pero veamos, qué críticas además de los insultos que un sector de la prensa de derechas suele hacerle a la izquierda podemos identificar como válidas. Básicamente, yo encuentro cuatro temas sobre los cuales la izquierda, y también la derecha, tienen todavía una tarea pendiente: economía, política, sociedad y relaciones internacionales.

Sobre el primero debo decir brevemente lo siguiente, en ningún país en los cuales la izquierda tiene en la actualidad un protagonismo político y electoral importante, sus líderes y principales voceros persisten en la absurda idea de que el Estado es quien debe planificar la economía. El Estado ha demostrado ser un pésimo administrador, un actor económico fallido, una pieza de museo a la hora de generar mayores ingresos y recursos. En América del Sur, los dos movimientos de izquierda democrática más fuertes (Chile y Uruguay) se han consolidado a partir de un discurso que conjuga libre mercado con actividad regulatoria estatal eficiente inspirado por principios y valores de justicia social.

Pues bien, ese salto cualitativo en la modernización del pensamiento de izquierda no se ha dado en el caso de nuestro país. En nuestro país la izquierda bruta y achorada, sigue creyendo que los problemas económicos se solucionan mediante la creación de empresas públicas, líneas de bandera, o prácticas de intervención estatal que distorsionan las reglas de juego del mercado, encareciendo los productos y reduciendo el abanico de posibilidades al consumidor. La izquierda sigue creyendo que vivimos en un mundo pequeño, en el cual es necesario establecer barreras al comercio y proteger la industria y empresa nacional, por más que estas sean marcadamente ineficientes y mercantilistas.

Sobre el segundo punto debo señalar que la izquierda, o al menos yo no he escuchado a algún líder afirmar lo contrario, no ha sido capaz de plantearle al país una idea de reforma del Estado coherente, que aborde la necesidad de redefinir nuestro sistema político, con propuestas de ingeniería institucional y constitucional destinadas a ampliar los ámbitos de libertad y participación de la ciudadanía a partir de un fortalecimiento de los partidos políticos, una nueva lectura sobre nuestro sistema electoral, cambios en el sistema de gobierno o una reforma de la administración de justicia profunda que modernice a nuestro Poder Judicial convirtiéndolo en un auténtico garante de la democracia y la institucionalidad.

Hacer política, y redefinir el modelo de Estado que tenemos supone plantear una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos. Un discurso auténticamente de izquierda, de una izquierda liberal y democrática, debiera tener como objetivo el fortalecimiento de la posición de los individuos en la sociedad a partir de un reconocimiento pleno y expreso de todas y cada una de sus libertades y derechos fundamentales. La izquierda peruana no sostiene esta prédica, sigue reduciendo al individuo a su condición de mero receptor de dádivas y beneficios que desde el poder se le ofrecen, abriendo el paso para el populismo y el clientelismo a gran escala. Sin lugar a dudas, ello encubre una vena profundamente autoritaria, la cual parece estar inserta en el ADN de la izquierda nacional.

Sobre el tercer punto, la izquierda debe entender que la defensa de los derechos humanos de los hombres no puede tener un sesgo político a partir del cual se defienden únicamente a los que piensan como uno y se desampara a quien sostiene un discurso contrario al nuestro. Las violaciones de derechos humanos son igualmente abominables cuando son cometidas por el Estado como cuando son producto de la violencia cainita de algunos grupúsculos que dicen levantar las banderas de la lucha popular o las guerrillas liberalizadoras.

Si la izquierda pretende vencer en este campo, debe desmostrale al país que cuando habla de derechos no solo lo hace para defender posiciones ideológicas afines, sino también para evidenciar la enorme fractura social que nuestro país tiene. Y denunciar públicamente a los responsables de esta fractura. En el Perú no existen vencedores ni vencidos, pues todos somos responsables en alguna u otra medida de la sociedad que hemos construido, o peor aún que hemos permitido que destruyan. La violencia terrorista de los años ochentas petardeó nuestra democracia de una manera terrible, acabó con la vida de miles de peruanos, asesinó a cientos de dirigentes a nivel nacional. La izquierda fue víctima de esta violencia, vio segada la vida de muchos de sus cuadros, sin embargo, en la actualidad vuelve a cometer los mismos errores del pasado, y no termina por deslindar y condenar la prédica violentista de algunos sectores, que con otro vestuario, pero con las mismas prácticas pretenden poner en jaque al país.

En los últimos tiempos, la izquierda, o los movimientos progresistas se han convertido en los difusores del pensamiento ambientalista. La izquierda, eso debemos reconocer asumió el rol de defensora de la naturaleza y  la tierra. Sin embargo, esta misma izquierda es tímida, cobarde, y hasta cínica cuando se trata de hacer frente a la minería informal, al narcotráfico, a las actividades económicas ilegales, que sin ningún pudor depredan porciones cada vez más importantes de nuestra Amazonía. Y si de cinismos se trata, no puedo dejar de mencionar este doble discurso que la izquierda tienen con relación al reconocimiento paulatino de nuevos derechos, salvo algunas pocas voces verdaderamente comprometidas con las tesis liberales y modernas propias de las democracias avanzadas, pocos son los que atreven a poner en debate asuntos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, el derecho a morir dignamente, la legalización de la marihuana, la abolición absoluta de la pena de muerte, las uniones civiles entre personas del mismo sexo, entre otros.

Finalmente, en el campo internacional, la izquierda sufre de esquizofrenia perpetua. La izquierda peruana se indigna ante los gobiernos autoritarios de derechas, exige que los crímenes cometidos por estos gobiernos no queden impunes, se ofusca cuando escucha hablar de los paramilitares en Colombia, de la criminalización de la protesta en Chile, reivindica a los indignados en España y en los Estados Unidos. Hasta ahí todo muy bien. El problema de la izquierda surge cuando desde la sociedad civil se le exige condenar con igual dureza a regímenes igual de autoritarios y dictatoriales como el de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, etc. Es decir, para nuestra izquierda, Pinochet fue un dictador, lo mismo Videla y Fujimori, pero si se trata de Cuba, ellos dicen que en este país los médicos son de primera y la educación también, y que Fidel no es un asesino sino un octogenario luchador social. Vamos, se puede ser tan mentiroso y cínico, tan condescendiente con los que violan sistemáticamente los derechos humanos y al mismo tiempo hablar de democratización de la sociedad. Yo creo que no.

El problema, del cual no están exentos los académicos e intelectuales, es que la izquierda peruana, y nuestra derecha, se han convertido en maquinarias puestas al servicio de intereses de grupo, ajenas a todo tipo de defensa principista de valores como la libertad y la justicia social. El problema del Perú, es que no cuenta con una izquierda auténticamente liberal y democrática. Nuestra izquierda huele a naftalina, se conserva en formol, está muerta, y cree que puede revivir de la mano de un Humala, o de cualquier otro seudo radical que cada 5 años decida postular a la presidencia del Perú. Yo puedo ser de izquierda, pero nunca de esta.

Rafael Rodríguez Campos

Escribe en www.agoraabierta.blogspot.com espacio de análisis político y constitucional

Escribe en www.muladarnews.com portal de actualidad.

Don Jorge nació el 22 de enero de 1945 en la ciudad de Arequipa, en el año de 1960, años más tarde migró a Lima junto a sus padres para terminar sus estudios secundarios. Cursó los estudios de Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica. En esos años, como alguna vez lo señalara, no imaginaba el duro camino que le tocaría transitar en defensa de la democracia y los Derechos Humanos en nuestro país.

Don Jorge supo a lo largo de su vida destacarse en cuanta actividad laboral o académica decidió emprender. Desde los primeros años de su ejercicio profesional su talento y rigurosidad lo fueron convirtiendo en uno de los juristas más destacados de su generación.

Como catedrático, se ganó el cariño y el afecto de todos quienes tuvimos la suerte de tenerlo como profesor. Las clases con Don Jorge eran especiales, la lucidez y sencillez con las cuales las desarrollaba lo convertían en un maestro diferente. Recuerdo los debates que en ellas se generaban, convirtiendo el salón de clases en una especie de ágora griega en la cual la historia, la filosofía y la literatura acompañaban la reflexión jurídica. Don Jorge fue ante todo un intelectual humanista, que puso siempre su profesión y talento al servicio de las causas más nobles.

Hace algún tiempo, en el último año de carrera, recuerdo haberlo visitado en busca de ayuda. Me encontraba haciendo una investigación: Juicio y Antejuicio Político en la Constitución de 1993, una materia sobre la cual él acababa de publicar un notable artículo. En esa oportunidad, Don Jorge volvió a mostrar esa sencillez y afecto por los jóvenes, a quienes siempre estuvo dispuesto a ofrecer su mano amiga y su sabio consejo. Quién hubiera imaginado, que, años más tarde, sería yo el encargado de coordinar con él la nueva edición de ese mismo texto para esta casa editorial.

La obra de Don Jorge fue muy diversa. Alguna vez lo escuché decir que la labor de un abogado es luchar por la justicia, ya sea en el Sector Público como Privado y así lo hizo. Fue el socio fundador de un estudio de abogados, su estudio, que a través de los años ha ido consolidándose en el escenario jurídico de nuestro medio. Pero sin lugar a dudas, su misión más importante fue la que desarrollara luego de haber sido nombrado como el primer Defensor del Pueblo de nuestro país.

Eran tiempos muy difíciles los de esos años, señalan algunos amigos de don Jorge. En el Perú la democracia atravesaba uno de sus peores momentos. El Estado de Derecho era sistemáticamente atacado por la dictadura fujimorista. Eran muy pocas las personas dispuestas a asumir la responsabilidad de conducir dicha institución. Don Jorge lo hizo, decidió batallar ante la adversidad, y con la honestidad y espíritu concertador que lo caracterizaron siempre, convirtió la Defensoría del Pueblo en una entidad a la cual los ciudadanos observábamos con respeto y en la cual confiábamos, una especie de isla democrática en un océano de arbitrariedades.

La obra de Don Jorge, su prestigio y espíritu democrático, han trascendido las fronteras de nuestro país, organismos como el Centro Carter e intelectuales extranjeros como Thomas Legler, lo consideran como una de las personalidades más comprometidas e identificadas con los valores democráticos y la unión americana de nuestro continente.

Así, hace algún tiempo, junto a otros nombres de destacados profesionales, fue invitado para contribuir con el perfeccionamiento y vigilancia del cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA. Su aporte no sería menor, estaba convencido de la necesidad de la creación del Ombudsman o Reportero de la democracia en el sistema interamericano, y así lo expuso. Esta será una propuesta que él no verá concretizada, pero que esperemos sea acogida en la región para el fortalecimiento de lo que él siempre deseó, un sistema capaz de garantizar la justicia y la libertad para los hombres de nuestra América.

A Don Jorge solo nos resta decirle gracias, mil veces gracias, su ejemplo de vida y su esfuerzo son reconocidos por todos los peruanos. La muerte, dicen algunos, acaba con la vida de los hombres, pero no con la obra generosa de aquellos que dispuestos a sacrificar su propia vida, la ponen al servicio de los demás con el afán de construir una sociedad mejor. Por eso Don Jorge, descanse en paz, descanse tranquilo, en el Perú su nombre no será olvidado, porque en las alturas usted seguirá siendo siempre nuestro defensor.

Rafael Rodríguez Campos

Escribe en www.agoraabierta.blogspot.com espacio de análisis político y constitucional

Nota: este artículo ha sido publicado en el Nº 51 de “LA LEY”, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica. Del 1 al 30 de abril del presente.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acordó por unanimidad abrir una investigación preliminar contra el Presidente del Poder Judicial, César San Martín, luego de las denuncias hechas por diversos medios de comunicación sobre su vínculo laboral no finalizado con el Banco de Crédito del Perú.

Hace algunas semanas, el semanario del conocido periodista César Hildebrandt reveló que San Martín figuraba como apoderado legal de la mencionada entidad financiera desde febrero de 2003 hasta el mes de enero del presente año, tal y como quedó acreditado con la publicación del asiento de Registros Públicos correspondiente.

Como se sabe, esta situación es irregular e incompatible con las labores que los magistrados desempeñan. Basta señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que todo magistrado, antes de asumir funciones, debe dar por finalizado todo tipo de nexo laboral existente entre él y cualquier entidad privada. La razón de esta disposición es muy sencilla, los magistrados, autoridades encargadas de administrar justicia, no pueden, al mismo tiempo, aparecer como apoderados, representantes, asesores o consejeros de entidades que como el Banco de Crédito del Perú tienen litigios en el Poder Judicial, ya que de ser así se podría configurar un supuesto de conflicto de intereses.

Conocida la denuncia, el vocal San Martín señaló que todo esto se había generado debido a la falta de diligencia del propio banco, quien debió comunicarse oportunamente con los Registros Públicos a fin de modificar el asiento registral en el cual él aparecía como su representante legal, ya que como era conocido por todos, César San Martín había vuelto a la magistratura en el año de 2003.

Días después de haber hecho estas primeras declaraciones, el Presidente del Poder Judicial declaró que, si bien había podido haberse incurrido en una falta de diligencia, de ningún modo podía hablarse de incompatibilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional o conflictos de intereses. Más aún, el propio San Martín repitió una y otra vez, que desde su retorno a la magistratura no había participado directamente en ningún caso en el cual el Banco de Crédito haya tenido la condición de parte en un proceso.

Sin embargo, en un informe reciente publicado por el citado semanario se han hecho públicas dos resoluciones, correspondientes a los años 2004 y 2005, respectivamente, de la Sala Penal Permanente que favorecen al Banco de Crédito del Perú, las mismas que llevan la firma, de puño y letra de César San Martín.

Ante estos hechos, el Doctor Vladimir Paz de la Barra, actual miembro del CNM, presentó ante esta institución un pedido formal para que se abra investigación contra San Martín para que que se aclare la relación existente entre San Martín y el BCP, y la posible repercusión judicial que esta haya tenido al momento de impartir justicia.

Sobre este hecho, el excongresista fujimorista Rolando Sousa consideró que el alto funcionario habría cometido una falta grave que podría finalizar con la vacancia en el cargo del Presidente de la Corte Suprema. Para Sousa, como para muchos otros, llama la atención el silencio y la falta de claridad con la que San Martín ha actuado en este caso, conducta que en nada favorece a la entidad a la cual representa y que pone severamente en cuestión su imagen y liderazgo.

A su turno, mediante comunicado propalado por la Oficina de Prensa de la Corte Suprema, el juez San Martín se puso a disposición del CNM, asegurando que nada tiene que temer pues su comportamiento ha sido “jurídica y éticamente irreprochable”.

Por su parte, el CNM informó que la Comisión Permanente de Procesos disciplinarios encargada de analizar este caso estará conformada por Luz Marina Guzmán Díaz, Pablo Talavera Elguera y Máximo Herrera Bonilla, quienes cuentan con un plazo de 30 días para emitir su informe final.

Independientemente de los resultados de dicha investigación, resulta positivo que el CNM haya asumido la responsabilidad de investigar este caso, pues este logrará determinar si la conducta de San Martín debe ser considerada como una falta grave o simplemente una omisión o falta de diligencia que no merece mayor reproche.

Los magistrados deben recordar que nadie está por encima de la ley, que la ciudadanía exige honestidad y veracidad en quienes tienen la delicada misión de administrar justicia. No obstante ello, y dada la importancia del caso, es necesario que quienes están a cargo de la investigación lo hagan de la manera más objetiva y transparente posible, no debemos olvidar que el prestigio personal y profesional de un hombre y su familia pueden verse seriamente dañados si no se procede con rigor y responsabilidad.

Al mismo tiempo, hace algunos días, el vocal supremo y expresidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein ha hecho públicas sus diferencias con San Martín sobre el pedido de delegación de facultades que este último ha solicitado al Congreso de la República, para remover a jueces cuestionados por corrupción. Para Villa Stein, este pedido resulta ilegal y arbitrario, y además constituye una afrenta directa a todos los magistrados del Perú a quienes en su opinión ha tildado de incapaces y corruptos.

Para Villa Stein, este afán de San Martín de pasar por encima de las instituciones competentes constituye una abierta vulneración al orden constitucional y legal. Si el problema es la corrupción, afirma Villa Stein, entonces que se hagan las denuncias correspondientes ante la OCMA y el CNM, lo otro, pretender que el Presidente del Poder Judicial y un consejo de asesores dispongan el cese de un magistrado constituye una injerencia inaceptable y un atentado contra la institucionalidad del Poder Judicial.

Tiempos difíciles se avecinan para el Presidente del Poder Judicial, a su proceso de investigación abierto ante el CNM se suman los problemas al interior de la institución a la cual representa. Esta historia recién comienza, seguramente muchas otras cosas más se sabrán en las próximas semanas. La polémica ya se ha instalado y parece que continuará durante los próximos meses, coincidentemente a poco tiempo de darse inicio al proceso de elección del nuevo presidente del Poder Judicial.

Rafael Rodríguez Campos

Escribe en www.agoraabierta.blogspot.com espacio de análisis político y constitucional.

Nota: este artículo ha sido publicado en el Nº 51 de “LA LEY”, periódico mensual del grupo editorial Gaceta Jurídica. Del 1 al 30 de abril del presente.

El Tribunal Constitucional, a propósito de la emisión de su sentencia para el caso“Proyecto minero Conga”, ha señalado, a manera de esquema, un conjunto de planteamientos que debieran servir de marco para la inversión privada en materia de explotación de recursos naturales. La explotación de recursos naturales, señala el Tribunal, no es una actividad que se encuentre desregulada, y tampoco cuenta con licencias especiales que la eximan de la compensación o indemnización de daños que esta origine. En ese sentido, en necesario contar con un conjunto de principios básicos cuya observancia permita establecer una relación armónica entre los intereses de la actividad económica privada y el beneficio público que debe siempre defender y promover el Estado, garantizándose, de manera especial, y en los casos que el ordenamiento disponga, la co-participación de las riquezas, entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades directamente afectadas por la explotación.

Un primer punto a tener en consideración en este esquema, es el referido al deber de las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales de establecer mecanismos a fin de prevenir daños ambientales y conflictos sociales. Dicho de otro modo, las empresas tienen el deber y responsabilidad social de desarrollar su actividad empresarial en armonía con los intereses de la comunidad. Esto es así, pues una economía social de mercado como la nuestra, la cual se desarrolla al interior de un Estado constitucional de Derecho como el que aspiramos construir en nuestro país, no puede convertirse en un espacio donde los intereses de los grandes grupos de poder económico se imponen en detrimento de bienes que son de importancia para toda la colectividad. En tal sentido, las empresas extractivas deberán adoptar medidas dirigidas a solucionar y prevenir los problemas ambientales o de la comunidad. Ello no supone la imposición de soluciones, sino la búsqueda de un nivel de consenso entre Estado, población y empresa, el que haga viable la idea de desarrollo económico sostenible.

Un segundo punto está relacionado al conjunto de obligaciones que asume el Estado frente a las actividades extractivas de recursos naturales. Para el Tribunal, es el Estado y especialmente la Administración la que debe fiscalizar celosamente el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección del medio ambiente a fin de evitar excesos por parte de las empresas mineras. Ello es así pues el Estado, por mandato expreso de la Constitución, está obligado a buscar fórmulas de promoción del uso sostenible de los recursos naturales para garantizar un ambiente sano y equilibrado en el cual los seres humanos podamos desarrollarnos plenamente.

Esta labor de supervisión es fundamental, pues no pude negarse que en varios casos, el escaso o inexistente control de estas actividades por parte de la Administración ha puesto en evidencia la debilidad institucional de nuestro Estado al momento de exigir a las empresas extractivas el cumplimiento efectivo de la normativa nacional e internacional en materia de protección del medio ambiente y de los derechos de las comunidades afectadas con dicha actividad. Del mismo modo, el Estado, señala el colegiado, deberá implementar políticas públicas que beneficien de manera especial la principal actividad económica de las poblaciones aledañas a los proyectos extractivos, como son por ejemplo, la actividad agrícola, ganadera, de pesca o pastoreo.

Un tercer punto es la atención especial a situaciones de daño o afectación de derechos de terceros que deben observar las empresas. Si la actividad empresarial, afirma el Tribunal, genera daños estos no solo deben ser sancionados por la Administración, sino que deben generar una reparación directa, justa y proporcionada a las personas directamente perjudicadas. En ese sentido, el Estado debe brindar orientación y asesoramiento jurídico a estas personas con el objetivo de hacer valer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Este apunte es sumamente importante, pues en el pasado hemos sido testigos de numerosos casos en los cuales debido a la falta de información y recursos, las demandas de estos pobladores no llegan a conocimiento de los tribunales, configurándose de ese modo, una situación de absoluta indefensión y desprotección de los derechos fundamentales de estas personas, así como un clima de impunidad para aquellas empresas que habiendo ocasionado un daño se muestran renuentes a repararlo de manera voluntaria y honesta. Por otro lado, el Colegiado señala que los tribunales deben convertirse en los verdaderos garantes de estos intereses, debiendo para ello considerar de manera objetiva y responsable los daños provocados a fin de establecer un pago indemnizatorio proporcional a los daños sufridos.

Finalmente, el Tribunal señala que tanto el Estado, como la empresa, pero especialmente el primero, tiene el deber de plasmar, mediante la adopción de determinadas medidas, el principio de co-participación de la riqueza (empresa-comunidad). Este principio establece que las comunidades o poblaciones desde donde se han extraído determinados recursos naturales (gas, petróleo y minerales), deben ser directamente beneficiadas con las rentas de dicha explotación. En tal sentido, la observancia de este principio debiera asegurar que tales recursos sean utilizados para empoderar y fortalecer a las comunidades circundantes al área de explotación. Para ello, es importante que recursos económicos como los generados por el canon minero, sean canalizados de manera adecuada, y que las entidades que los reciban, cuenten con personal calificado capaz de implementar proyectos de inversión vinculados al desarrollo en áreas como la salud, educación e infraestructura.

Resulta de vital importancia para el futuro de nuestro país, que este marco o esquema de inversión privada para actividades extractivas sea observado por todos los actores involucrados. Es fundamental para la estabilidad y  sostenibilidad de los grandes proyectos de inversión privada que estos cuenten con el mayor consenso y respaldo social, sobre todo, de aquellas comunidades o poblaciones que se puedan ver afectadas con el desarrollo de actividades extractivas de alto impacto.

Debemos reconocer la relevancia que para el desarrollo económico de nuestro país tiene la actividad minera, esta es como señalan los especialistas, la actividad económica que mayores ingresos tributarios genera, pero al mismo tiempo, el Estado y la sociedad en su conjunto deben comprometerse a supervisar y vigilar dicha actividad, a fin de evitar daños medioambientales irreversibles que perjudiquen el desarrollo de las comunidades, generando un clima de confrontación y polarización a gran escala. El desarrollo de nuestro país, sobre todo el de las regiones y localidades más olvidadas es todavía una tarea pendiente, pero este no puede estar reñido con la preservación del medio ambiente ni con la protección de los derechos de comunidades vulnerables.

Rafael Rodríguez Campos

Escribe en www.muladarnews.com portal de noticias y actualidad.

Un medio de comunicación, periódico, radio, televisión, es un canal a través del cual las personas reciben información relevante con el objetivo de poder formarse su propia opinión sobre los asuntos de interés público. Eso es un medio de comunicación, o al menos esos es lo que los libros dicen que son. Los medios, sobre todo en los últimos tiempos, han adquirido una importancia notable al interior de los sistemas democráticos. Ellos informan, centralizan el debate público, colocan en agenda los tópicos que los políticos y las instituciones del Estado deben trabajar, e incluso, fijan el camino por el cual discurre el quehacer diario de los gobernantes. Ese es el enorme poder de la prensa, poder que exige responsabilidad, diligencia y sobre todo honestidad en el tratamiento que esta hace de la información circundante.

Siendo ello así, sorprende la manera cómo la mayoría de medios de comunicación ocupan el 100% de su tiempo, sus páginas, sus horas al aire, el esfuerzo de sus periodistas, en el análisis de una única noticia, de un único tema, de un único asunto. Eso no sería así, si se tratara de un asunto de Estado, de un tema de interés nacional, de una información que se encuentre relacionada con la marcha del gobierno y su relación con la ciudadanía. Lo que llama la atención es el morbo que los periodistas tratan de desatar en la opinión pública, con titulares o notas en las cuales se reduce el tema “Antauro Humala” a su consumo de marihuana al interior de los penales, a las fotos que este se toma con tal o cual dama, a los desafueros y arranques demenciales a los que siempre nos ha tenido acostumbrados. Eso vende, qué duda cabe de ello, ¿pero informa?

Luego, cuando los gustos psicotrópicos de Antauro dejan de ser el tema de moda, los reflectores se centran en la posible candidatura de Nadine Heredia para las elecciones del 2016. Que si el Congreso modificará la ley para permitir que Nadine sea presidenta el 2016, que si a cambio de su apoyo el fujimorismo exigirá el indulto para el sentenciado por violación de derechos humanos y corrupción, Alberto Fujimori, que si Alan García tiene miedo y no desea competir con Nadine, que si en el 2016 el Perú podría tener a tres candidatas mujeres a la presidencia de la república. Como verán, nada más que un conjunto de especulaciones carentes de sustento lógico, una cadena de hipótesis propias de alguna mente bastante creativa para fabricar titulares y vender periódicos. Todo nos hace pensar, y no tengo razones para creer lo contrario, que en nuestro país los medios de comunicación desinforman, y la opinión pública se forma a partir de la imaginación afiebrada de algún periodista de medio pelo, hábilmente digitado por su empleador de turno.

Hace algunas semanas publicamos un artículo vinculado al caso “Antauro Humala” (el hermano del presidente que asesino a cuatro policías, no lo olvidemos) pero lo hicimos con la intención de poner en evidencia la crisis por la que atraviesa el sistema de administración de justicia en nuestro país. En lo personal, no me interesa si el asesino Humala (Antauro, no piensen mal) consume drogas, posee gustos amatorios exóticos, es un play boy cobrizo, o un semental insaciable. Lo que nos llama la atención es que este señor convierta a una celda de una prisión en un burdel, con la anuencia o el permiso, que sería peor, de las autoridades penitenciarias. Lo que nos preocupaba era que en un primer momento el Ministro de Justicia señale que el presidente no sabía nada en torno al caso de su hermanito, para luego, decir todo lo contrario. Lo que nos subleva y ofende es que las autoridades le mientan al país con la única finalidad de encubrir el sinnúmero de irregularidades y actos de corrupción que a nivel penitenciario y policial se cometen en las cárceles del país.

Pero el Perú y sus problemas son más importantes que Antauro Humala, o que los deseos legítimos de Nadine de llegar algún día a conducir los destinos del país (me gustaría ver a Nadine como candidata compitiendo con su esposo en unas elecciones primarias al interior de su partido para definir quién es el candidato del nacionalismo en el 2021, antes no). Nuestro país tiene problemas mucho más urgentes que solucionar y temas mucho más importantes que priorizar. No es posible que los medios de comunicación derramen ríos de tinta elogiando o criticando a la esposa del presidente, peor aún, no es posible que el asesino de cuatro policías se convierta en la celebridad mediática de moda, únicamente por ser el hermano del jefe de Estado, y por los porros de marihuana que fuma en su cómoda prisión. No es posible que los medios nos entreguen estos “caramelitos de chisme y morbo”, haciendo que la gente pierda de vista los temas verdaderamente importantes, esos que están directamente vinculados con la construcción de un mejor futuro.

Recuerdan la campaña electoral, les preguntaría a los medios, recuerdan que una de las banderas del nacionalismo fue el combate frontal contra el narcotráfico y el terrorismo en el VRAE (valle del río Apurímac y Ene). Porqué no aprovechamos la oportunidad y le preguntamos al gobierno cuál es la política antiterrorista y antidrogas que ha diseñado para eliminar a esta lacra social. Cuánto dinero viene invirtiendo en ello. Qué tipo de personal está siendo destacado a esta zona. Estas preguntas son válidas, sobe todo si tenemos en cuenta que hace algunos días una columna senderista de aproximadamente más de 100 hombres, fuertemente armados, ha secuestrado a un grupo de trabajadores de la zona, exigiendo dinero y otras prebendas a cambio de su liberación. Son tan rebuscadas estas interrogantes, son tan difíciles de hacer, que los medios de comunicación prefieren eludirlas.

Recuerdan la propuesta del candidato Humala de recuperar para el consumo interno el famoso Lote 88. Bueno, porqué no le preguntamos al gobierno qué medidas ha tomado para llevar a cabo este cometido. Quizá sea preciso consultarle al gobierno si para ellos basta con la emisión de un decreto supremo para cambiar los términos contractuales del Contrato-Ley firmado por el Estado con el grupo Camisea. Quizá sea bueno preguntar sobre cuál será la manera de recuperar el Lote 88 y qué beneficios le dará al grupo Camisea en compensación por el cambio en las reglas de juego. Dicho de otro modo: ¿Cuánto nos costará a los contribuyentes la nacionalización del Lote 88? Es tan compleja la pregunta, es tan difícil de formular que los medios de comunicación, salvo algunos, convenientemente deciden eludirla.

Recuerdan el discurso del candidato Humala con respecto a la relación entre la actividad minera y la protección del medio ambiente. Recuerdan cuáles eran las críticas que el presidente le lanzaba a la clase política, en cuanto a la manera cómo se pretendían solucionar los conflictos sociales en nuestro país. Si lo recuerdan, porqué no le preguntamos al gobierno cuál es la política que ha diseñado para hacer frente a los más de 200 conflictos (latentes y en desarrollo) que la Defensoría del Pueblo ha dado a conocer a través de su página web. O es que acaso, y siguiendo el ejemplo de gobiernos anteriores, esperará a que los conflictos le exploten en la cara para recién tomar cartas en el asunto. O mejor aún, podemos preguntarle porqué la demora en la entrega del peritaje internacional llevado a cabo por expertos sobre la viabilidad del “proyecto minero Conga”.

Y en caso estas preguntas no sean lo suficientemente importantes, podríamos preguntarle porqué desde el Poder Ejecutivo, y desde el propio Congreso, muchos de sus funcionarios pretenden reducir el asunto de la conflictividad social a una mera campaña de desprestigio orquestada por los comunistas, rojos y caviares de las Ong’s que no soportan la idea que el Perú crezca. Se lo debemos de preguntar, pues, si volteamos la mirada, veremos que este presidente, era uno de los más entusiastas impulsores de este tipo de movilizaciones durante el gobierno aprista. Pero eso no ocurrirá, porque muchos medios de comunicación tienen memoria selectiva, y no se atreverán a incomodar al presidente, sobre todo cuando sus intereses o los de sus patrones estén en juego.

Y ya que hablamos de empresas mineras, porqué no le preguntamos al gobierno por la posición que el Estado asumirá frente a la minera Doe Rum, quien cansada de violentar el orden jurídico nacional, a su antojo y con impunidad, y de burlarse de las autoridades de nuestro país, ahora pretende colocar a la población en contra del Estado, a pesar de haber incumplido de manera reiterada con muchos de sus compromisos asumidos, exigiendo el reinicio de sus operaciones en la Oroya, bajo amenaza de llevar al Estado a los tribunales internacionales y exigir una millonaria indemnización. Se lo debemos de preguntar ya que, así como el gobierno está decidido a combatir la minería informal, los peruanos esperamos que tenga la misma valentía para obligar a empresas extranjeras a cumplir y respetar la normativa vigente.

Deberían también los medios, preguntarle al Gobierno en qué quedó la tan promocionada reforma de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Acaso esta culminó únicamente con el pase al retiro de decenas de oficiales. No era acaso que durante este gobierno la homologación y mejora de salarios serían una prioridad. Debemos preguntar eso y mucho más, pues el Ministro de Economía, quien debería salir al frente, se ha encargado una y mil veces, y de todas las formas posibles de eludir el debate en torno a este tema, para enojo de los mandos policiales y militares, e incomodidad del propio Ministro de Defensa.

También deberíamos peguntarle a nuestro presidente si está al tanto de la disparadata idea de crear una guardia policial voluntaria mediante la emisión de un ilegal decreto supremo, desconociendo abiertamente los fueros parlamentarios; ya que la Constitución señala que las modificaciones a la estructura policial se llevan a cabo a través de Ley Orgánica y no mediante norma del Poder Ejecutivo, como torpemente pretende hacer el Ministro del Interior. A propósito ¿Cuál será el presupuesto destinado para la implementación de este despropósito? ¿No sería mucho mejor invertir en la profesionalización de nuestros policías? ¿No sería mucho más inteligente invertir en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales militares y policiales existentes en nuestro país?

Señores de los medios de comunicación, los peruanos entendemos que para ustedes la venta de lo que producen sea el motivo supremo en sus vidas. Entendemos que es el dinero el factor que impulsa todas y cada una de sus decisiones. Entendemos que es más fácil vender que informar. Entendemos que es mucho más ventajoso besarle las manos al gobernante de turno que caer antipáticos frente al poder. Lo que no podemos entender es que todo eso lo hagan de una manera tan burda y patética, que muestren tanto desprecio por la inteligencia de la opinión pública, que pretendan tratarnos como infantes a los cuales distraen con tiras cómicas, dibujos animados o enlatados que embrutecen.

No señores comunicadores, mil veces no. Lo único que les pedimos es un poquito de pudor, una pequeña dosis de amor por la patria, alguito de compromiso con el país, unas gotas de honestidad. No les pedimos más. No lo hacemos porque sabemos que no podrán cumplir. No pedimos más, porque en el Perú hace mucho que el periodismo dejó de ser el más noble de los oficios. Pero recuerden, son ustedes los que crearon a los monstruos del pasado, son ustedes los que refuerzan los desafueros y prepotencias de los gobernantes, son ustedes los que hacen de la mierda un hecho noticioso y de la mentira un titular. Luego, cuando el gobernante les exija coronarlo como su rey, no se quejen.

Rafael Rodríguez Campos

Escribe en www.agoraabierta.blogspot.com

La noticia está en todos los diarios de Europa. La desesperación ha llevado a un jubilado de 77 años a suicidarse frenta al Parlamento griego, en Atenas, tras afirmar que él no podía a buscar comida entre la basura. Solo unas horas después de su muerte, la gente ha empezado a colocar velas, flores y mensajes manuscritos contra la crisis en la céntrica plaza de Sintagma, donde el hombre se quitó la vida con una pistola.

Por otro lado serios disturbios en Grecia en protesta por los recortes económicos y duras medidas de austeridad aprobadas por el gobierno y que desato el suicidio del jubilado a causado gran consternación en todo Europa, especialmente porque ahora se llega a conocer la carta que el anciano llevaba en los bolsillos:

“El Gobierno de Tsolakoglou ha aniquilado toda posibilidad de supervivencia para mí, que se basaba en una pensión muy digna que yo había pagado por mi cuenta sin ninguna ayuda del Estado durante 35 años. Y dado que mi avanzada edad no me permite reaccionar de otra forma (aunque si un compatriota griego cogiera un kalashnikov, yo le apoyaría) no veo otra solución que poner fin a mi vida de esta forma digna para no tener que terminar hurgando en los contenedores de basura para poder subsistir. Creo que los jóvenes sin futuro cogerán algún día las armas y colgarán boca abajo a los traidores de este país en la plaza Syntagma, como los italianos hicieron con Mussollini en 1945″.

Varios testigos han contado que el hombre se disparó en la cabeza después de gritar: “¡Tengo deudas, no puedo soportarlo más!”. Un transeúnte ha declarado a la televisión griega que el pensionista dijo: “No quiero dejar mis deudas a mis hijos”.

Luego de una campaña electoral canallesca, en la cual la izquierda “desunida”, el aprismo mafioso y el movimiento del hasta ese entonces desconocido “ingeniero Fujimori”, ese cuyo lema era “honradez, tecnología y trabajo”, con el apoyo de un buen número de medios de comunicación, demolieran la imagen del candidato del Frente Democrático (Fredemo), nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, la suerte del Perú estaba echada. Palacio de Gobierno tenía un nuevo inquilino, uno que se encargaría de probar durante diez largos años que en el Perú es siempre posible ser más ladrón, más corrupto, más asesino, sobre todo cuando se cuenta con el respaldo casi total de los sectores de poder y de las fuerzas armadas.

A Mario Vargas Llosa no lo demolió el fujimorismo, al menos no en esa oportunidad, en eso seamos claros, a Vargas Llosa se encargó de destruirlo Alan García y su pandilla asalariada. Recordemos que Vargas Llosa había sido el más ferviente e importante opositor a las medidas populistas y estatistas del líder aprista. Vargas Llosa había comprometido su palabra, llevaría a cabo una profunda revisión de las cuentas del Estado, era necesario identificar el sinnúmero de actos de corrupción que el gobierno del “partido del pueblo” le había heredado al país, junto a la inflación más grande de la historia y a la violencia terrorista que Alan García jamás quiso ni supo enfrentar con decisión.

En ese panorama era claro para qué candidato se inclinaría el apoyo del gobierno de turno. Alberto Fujimori sería el candidato de Alan García para la segunda vuelta electoral. Pero el tiro le salió por la culata al aprendiz de Haya de la Torre. Ni en su más terrible pesadilla pudo alguna vez imaginar que este “don nadie” a quien colocó a la cabeza del Estado, se convertiría en uno de sus más furibundos persecutores, nunca imaginó que Alberto Fujimori, de la mano de su socio, el criminal Vladimiro Montesinos, sería el protagonista estelar de una de las etapas más negras de la historia, la década del oprobio y la vergüenza nacional, como la denominan con razón los historiadores.

Instalado en Palacio de Gobierno, y a pesar del apoyo que recibiera por parte de los principales grupos políticos representados en el Congreso, los mismos que en más de una oportunidad respaldaron los pedidos de delegación de facultades que provenían del Poder Ejecutivo, decidió arremeter de manera virulenta contra los partidos políticos, los órganos del Estado, las instituciones democráticas. En suma, Alberto Fujimori y compañía, esos que luego se convertirían en los dueños del Perú, no querían oposición de ningún tipo, ni política, ni institucional, por eso había que destruir las bases mismas del Estado de Derecho, de ese Estado que a duras penas se mantenía en pie en el Perú de los noventa.

Alberto Fujimori, su grupo parlamentario, sus amigos en la prensa, se encargaron de ir abonando el camino para el autogolpe. El parlamento no funciona, los partidos políticos entorpecen la labor del gobierno, el Poder Judicial obstaculiza las reformas, el Tribunal de Garantías Constitucionales declara inconstitucionales las medidas legislativas de Palacio de Gobierno, fueron las frases que a diario se leían y escuchaban en los medios de comunicación social. Qué sencillo es para los hombres inescrupulosos mentir, cuánto cinismo denotaban esas afirmaciones, qué desprevenidos estaban todos los peruanos. ¿Acaso nadie pudo presagiar que lo que se venía no era otra cosa que la instalación de una cleptocracia asesina?

Lamentablemente así ocurrió. Para carcajada del dictador, felicidad de un traidor a la patria, al cual nombró como asesor, tranquilidad de los sectores conservadores que aman la “mano dura”, aunque esta pida a cambio varios millones de dólares y un paulatino recorte de libertad, el golpe de Estado había resultado todo un éxito. Los ciudadanos lo habían respaldado, algunos con su entusiasmo, los más con su silencio cómplice. Así lo revelaron las encuestas de aquel mes de abril de 1992. Consultados los peruanos sobre si apoyaban o no la medida tomada por el gobierno del dictador, casi el 80% respondió que sí, en mi familia por ejemplo, y a pesar de la vergüenza que eso supone para mí, solo una persona mostró su tajante rechazo, mi padrino, pero eso es parte de la lastimera historia política familiar que hoy en día no viene a cuento, de mi padre no hablo, porque en aquella época él era un joven policía, y opinar libremente sobre política, era un derecho que no tenían los uniformados de la época.

Consumado el golpe, la historia fue la de siempre, militares encargados del orden y la seguridad interna del país, los tanques a la calle, las autoridades civiles subordinadas a los generales, convenientemente nombrados por el dictador. En suma, la película se volvía a repetir, doce años de democracia no habían sido suficientes para hacer entender a la gente que si hay algo peor que la democracia, esa a la que Fujimori tildó de débil, torpe e ineficiente, es una dictadura infame, astuta y efectiva a la hora de quebrar voluntades y violentar derechos.

Poco a poco, y como no podía ser de otra manera, Fujimori y su gavilla de funcionarios rapaces empezarían a copar todas y cada una de las instituciones del Estado. Era solo cuestión de tiempo, el dictador empezaba a construir las bases de su imperio, nadie, ningún hombre o mujer que se le opusiera saldría bien librado, en poco tiempo, algunos medios, esos que decidieron no vender su línea editorial o negociarla a cambio de algún beneficio tributario, empezaron a dar cuenta del abuso, del atropello, de la persecución que sufrían aquellos que se atrevían a decirle no al autócrata.

Con la oposición desarmada, los medios de comunicación enfrentados entre sí, los sectores empresariales encantados por el pragmatismo del sátrapa, las fuerzas armadas plagadas de chauvinismo tercermundista (hasta ahora no me explico cómo se sometieron a la voluntad de un extranjero y a la de un capitán expulsado del ejército), el futuro era fácil de predecir. El Perú de los noventa, a pesar de la pantomima que significó la convocatoria a elecciones para la instalación del Congreso Constituyente Democrático y la elaboración de una nueva Constitución (cuya aprobación fue producto del fraude), se convirtió en un país devastado por la ignominia, un país en el cual la ley y el Estado se pusieron al servicio de los criminales, de los rufianes, de las mafias de señores de cuello y corbata que le robaron al Estado las pocas monedas que Alan García había olvidado dilapidar.

El resto es historia conocida, Fujimori fue reelecto dos veces más, previa destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a semejante atropello, los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos quedaron impunes, el Grupo Colina, esa banda de asesinos disfrazados de militares creada por el dictador y su asesor, se hicieron merecedores a la Ley de Amnistía que los limpió de todo cargo, gracias a una fina cortesía de Martha Chávez y de todos aquellos que decidieron ponerse de rodillas frente al régimen, poniéndole precio a su honra y a su dignidad.

Llegó el año 2000, y la maquinaria fujimontesinista volvió a operar. Diez años no habían sido suficientes para saquear las arcas del Estado, había que robar más y más, si los que lo antecedieron no arrasaron con todo, Fujimori no cometería ese error.Para eso empleo miles de dólares en esa campaña, no tantos como los que hizo desaparecer del fondo de las privatizaciones, para eso empleó a los Carlos Rafo, llamó a los Tudela, y con su ritmo del chino, ese baile pegajoso con el cual la dictadura ponía a bailar a todos a los que compraba con arroz, lentejas, y mucho clientelismo, logró la victoria, derrotando a un Alejandro Toledo, candidato al que todas las encuestadoras daban como virtual ganador. Otro fraude.

Pero el final llegó, y la dictadura cayó como caen todas las tiranías de ese color, cayó porque algún cómplice inconforme filtró información que ponía al descubierto el nivel de podredumbre al cual Alberto Fujimori nos había empujado, como país y como sociedad.Luego de la publicación del video Kouri-Montesinos, en el cual se apreciaba al asesor presidencial repartiendo el dinero de todos los peruanos a cambio de la lealtad de quienes se habían presentado como opositores al régimen durante la campaña, la dictadura se desplomó. Cientos de videos y audios vieron la luz, todo el Perú se enteró de cómo Alberto Fujimori había convertido a Palacio de Gobierno en una letrina y al servicio de inteligencia en un burdel, en donde todos, absolutamente todos tenían un precio.

Hoy, veinte años después de aquella fecha, y luego de varios años de esfuerzo por reconstruir los cimientos de nuestro Estado y de nuestra frágil democracia, podemos decir que si algo positivo nos dejó el fujimorismo de los noventa es la firme convicción de que si bien la democracia puede ser un sistema de gobierno imperfecto, la dictadura es un régimen de terror, en donde los valores éticos son abolidos y en las palabras justicia y Derecho son borradas del imaginario colectivo.

Se nos dijo en ese entonces que la democracia no servía para nada, que lo que el Perú necesitaba era un gobierno fuerte, con mano de hierro para solucionar los problemas, que las decisiones se toman con rapidez, sin asambleísmos ni politiquerías que no conducen a nada. Hoy sabemos que todo eso es falso, que Alberto Fujimori no podía decir la verdad, que el dictador y los pillos que cargaron sus bolsas de dinero eran incapaces de mirarse al espejo y no sentir temor de sí mismos. La democracia es política y éticamente superior a la dictadura por donde se la mire, no sólo por ser la forma de gobierno que reconoce como valores supremos a la libertad,  igualdad y justicia, sino porque es el único sistema que le permite al ciudadano fiscalizar el ejercicio del poder, evitando que este se concentre en una o pocas manos, evitando de ese modo el saqueo y el pandillaje a gran escala.

Veinte años después creo que la mayoría de peruanos aprendimos la lección, sabemos que nuestra democracia es frágil, que tenemos mucho trabajo por hacer, que la libertad no garantiza la felicidad si esta no viene acompañada de justicia social, sobre todo para los más pobres. Hoy en día estamos mejor preparados que veinte años atrás, quizá por eso en estas últimas elecciones, y a pesar de la manera infame como los medios de comunicación defendieron la vuelta de la mafia fujimorista a Palacio de Gobierno, los hombres y mujeres del Perú salimos a las calles y acudimos a las urnas a defender nuestra democracia, esa que Alberto Fujimori petardeó el 5 de abril de 1992. No lo olvidemos.

Rafael Rodríguez Campos